Reflexiones a partir de la "ocupación de la plaza" en Madrid: la relación jerárquica entre la Constitución y las leyes

 


La diferencia decisiva sobre la "libertad de reunión" entre España y Japón

En la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, continúa la acampada de protesta de jóvenes y organizaciones ciudadanas para denunciar el problema del alto precio de los alquileres.


Al ver los medios de comunicación locales, el Gobierno de la Comunidad de Madrid (de corte conservador) realiza una escenificación de dura crítica hacia el Gobierno central diciendo: 

"¿Por qué el Gobierno central permite esa ocupación ilegal? 

¡Deberían desalojarlos inmediatamente!". 

Sin embargo, al dar un paso atrás y desentrañar el trasfondo jurídico de "por qué la policía no puede desalojarlos de inmediato", sale a la luz una gran diferencia entre Japón y España en la relación de poder entre la "Constitución y las leyes (el poder policial)".

El mecanismo legal tras las críticas de la Comunidad de Madrid al Gobierno central

Aunque la Puerta del Sol en sí es propiedad del Ayuntamiento de Madrid (entidad local), la competencia para controlar reuniones y manifestaciones, así como para desplegar a los antidisturbios y llevar a cabo un desalojo forzoso, recae en la Delegación del Gobierno en Madrid —organismo del Gobierno central— y la Policía Nacional.


El Gobierno regional de Madrid argumenta que "la plaza está ocupada porque el Gobierno central no ejerce su poder policial", pero la realidad no es que "no los desalojen por negligencia del Gobierno central", sino que "constitucionalmente no se les puede desalojar tan fácilmente".

La fuerza de los "derechos fundamentales" garantizados por el Artículo 21 de la Constitución Española

El Artículo 21 de la Constitución Española establece lo siguiente respecto a la libertad de reunión y manifestación:


Artículo 21.1: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.


Artículo 21.2: En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.


Lo importante aquí son los dos puntos siguientes:


  1. Negación absoluta del sistema de autorización previa: La administración o la policía no tienen la competencia para juzgar "si se permite o no la reunión" (solo existe el trámite de mera comunicación).


  1. Condiciones estrictas para la intervención policial: El mero incumplimiento de normas administrativas (infracciones administrativas leves) como "es de noche" o "molestan porque ocupan la calle o la plaza" no constituye motivo suficiente para privar de un "derecho fundamental constitucional", que es la norma suprema.


En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, se ha mantenido de forma coherente que 


"mientras sea pacífica, aunque suponga pequeñas molestias para la vida urbana o existan defectos procedimentales, prevalece el ejercicio del derecho fundamental (principio de proporcionalidad)".


Por esta razón, por mucho que el Gobierno regional proteste o acuda a los tribunales, 

"a menos que haya violencia o actos de vandalismo, si se recurre a la fuerza policial para un desalojo forzoso, la propia policía y el Gobierno incurrirían en una ilegalidad (inconstitucionalidad)".

🇯🇵¿Qué pasaría si ocurriera lo mismo en Japón? "El bienestar público" y las Ordenanzas de Seguridad Pública

Por otro lado, ¿qué ocurriría si en Japón se llevara a cabo una protesta similar, donde "los jóvenes acampan en una plaza de la vía pública y pasan la noche exigiendo soluciones al problema de la vivienda"?


En Japón, lo habitual es que la policía intervenga rápidamente con órdenes de desalojo, basándose en la Ley de Tráfico (ocupación no autorizada) o en las ordenanzas municipales de parques y de seguridad pública, derivando en "advertencias", desalojos forzosos o, en el peor de los casos, detenciones por delito de no abandono de lugar o por obstrucción a la autoridad.


El Artículo 21 de la Constitución de Japón también establece que "se garantizan la libertad de reunión, de asociación, de palabra, de prensa y todas las demás formas de expresión". 


Sin embargo, en la práctica, la aplicación tiende a hacer que "las normas administrativas se impongan a la Constitución" debido a la siguiente estructura:


  • Restricciones por el "bienestar público"


El poder judicial japonés (el Tribunal Supremo), aunque reconoce la libertad de reunión, tiende a considerar ampliamente constitucionales las regulaciones administrativas y policiales (ordenanzas de seguridad pública y permisos de uso de la vía pública) basándose en el "bienestar público" o la "conveniencia pública y fluidez del tráfico" de los artículos 12 y 13 de la Constitución (actitud pasiva en el control de constitucionalidad).


  • Funcionamiento cercano a un "sistema de autorización" 


Aunque formalmente se trate de un sistema de notificación, la discreción policial en los permisos de uso de la vía pública (Artículo 77 de la Ley de Tráfico) es enorme, funcionando en la práctica como un auténtico "sistema de autorización".


Dado que la policía y el poder judicial priorizan el "mantenimiento del orden estatal y administrativo", y los propios ciudadanos se autorregulan pensando que "ocupar la calle o la plaza es una molestia (una infracción legal)", se produce un fenómeno de inversión donde el "derecho a protestar (derecho fundamental)" que debería garantizar la Constitución queda supeditado a la ley administrativa.

Conclusión

Una "pregunta humana" más allá de las leyes

En primer lugar, ¿por qué la "Constitución" está por encima de las "leyes", las cuales los políticos y la administración pueden reescribir a su conveniencia?


Porque la Constitución no es una mera técnica o manual de gobierno, sino la plasmación de los valores fundamentales de la condición humana, erigida sobre la reflexión histórica de los trágicos errores del ser humano y los abusos de poder del pasado.


Establece los criterios éticos y la forma de vida humana sobre "hasta qué punto podemos proteger mutuamente la dignidad y los derechos de los demás como seres humanos" y "cómo vivir como individuos frente al poder".


Al observar los acontecimientos de Madrid, se percibe que en la sociedad española el Artículo 21 de la Constitución no es una simple serie de palabras impresas, sino que funciona como un instrumento vivo para que los ciudadanos afirmen su propia dignidad frente al poder.


Y el poder judicial español (el Tribunal Constitucional) actúa como un dique de contención para proteger esos derechos humanos de la conveniencia administrativa y de las puestas en escena de los políticos.


Cuando chocan las "reglas de gestión administrativa (leyes)" y los "derechos fundamentales sobre cómo vivir como seres humanos (Constitución)", ¿a cuál se le debe dar más peso?


Las tiendas de campaña alineadas en la plaza de Madrid nos plantean una pregunta esencial sobre cómo debemos comportarnos como seres humanos.

Reflexiones a partir de la "ocupación de la plaza" en Madrid: la relación jerárquica entre la Constitución y las leyes

La diferencia decisiva sobre la "libertad de reunión" entre España y Japón

En la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, continúa la acampada de protesta de jóvenes y organizaciones ciudadanas para denunciar el problema del alto precio de los alquileres.


Al ver los medios de comunicación locales, el Gobierno de la Comunidad de Madrid (de corte conservador) realiza una escenificación de dura crítica hacia el Gobierno central diciendo: 

"¿Por qué el Gobierno central permite esa ocupación ilegal? 

¡Deberían desalojarlos inmediatamente!". 

Sin embargo, al dar un paso atrás y desentrañar el trasfondo jurídico de "por qué la policía no puede desalojarlos de inmediato", sale a la luz una gran diferencia entre Japón y España en la relación de poder entre la "Constitución y las leyes (el poder policial)".

El mecanismo legal tras las críticas de la Comunidad de Madrid al Gobierno central

Aunque la Puerta del Sol en sí es propiedad del Ayuntamiento de Madrid (entidad local), la competencia para controlar reuniones y manifestaciones, así como para desplegar a los antidisturbios y llevar a cabo un desalojo forzoso, recae en la Delegación del Gobierno en Madrid —organismo del Gobierno central— y la Policía Nacional.


El Gobierno regional de Madrid argumenta que "la plaza está ocupada porque el Gobierno central no ejerce su poder policial", pero la realidad no es que "no los desalojen por negligencia del Gobierno central", sino que "constitucionalmente no se les puede desalojar tan fácilmente".

La fuerza de los "derechos fundamentales" garantizados por el Artículo 21 de la Constitución Española

El Artículo 21 de la Constitución Española establece lo siguiente respecto a la libertad de reunión y manifestación:


Artículo 21.1: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.


Artículo 21.2: En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.


Lo importante aquí son los dos puntos siguientes:


  1. Negación absoluta del sistema de autorización previa: La administración o la policía no tienen la competencia para juzgar "si se permite o no la reunión" (solo existe el trámite de mera comunicación).


  1. Condiciones estrictas para la intervención policial: El mero incumplimiento de normas administrativas (infracciones administrativas leves) como "es de noche" o "molestan porque ocupan la calle o la plaza" no constituye motivo suficiente para privar de un "derecho fundamental constitucional", que es la norma suprema.


En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, se ha mantenido de forma coherente que 


"mientras sea pacífica, aunque suponga pequeñas molestias para la vida urbana o existan defectos procedimentales, prevalece el ejercicio del derecho fundamental (principio de proporcionalidad)".


Por esta razón, por mucho que el Gobierno regional proteste o acuda a los tribunales, 

"a menos que haya violencia o actos de vandalismo, si se recurre a la fuerza policial para un desalojo forzoso, la propia policía y el Gobierno incurrirían en una ilegalidad (inconstitucionalidad)".

🇯🇵¿Qué pasaría si ocurriera lo mismo en Japón? "El bienestar público" y las Ordenanzas de Seguridad Pública

Por otro lado, ¿qué ocurriría si en Japón se llevara a cabo una protesta similar, donde "los jóvenes acampan en una plaza de la vía pública y pasan la noche exigiendo soluciones al problema de la vivienda"?


En Japón, lo habitual es que la policía intervenga rápidamente con órdenes de desalojo, basándose en la Ley de Tráfico (ocupación no autorizada) o en las ordenanzas municipales de parques y de seguridad pública, derivando en "advertencias", desalojos forzosos o, en el peor de los casos, detenciones por delito de no abandono de lugar o por obstrucción a la autoridad.


El Artículo 21 de la Constitución de Japón también establece que "se garantizan la libertad de reunión, de asociación, de palabra, de prensa y todas las demás formas de expresión". 


Sin embargo, en la práctica, la aplicación tiende a hacer que "las normas administrativas se impongan a la Constitución" debido a la siguiente estructura:


  • Restricciones por el "bienestar público"


El poder judicial japonés (el Tribunal Supremo), aunque reconoce la libertad de reunión, tiende a considerar ampliamente constitucionales las regulaciones administrativas y policiales (ordenanzas de seguridad pública y permisos de uso de la vía pública) basándose en el "bienestar público" o la "conveniencia pública y fluidez del tráfico" de los artículos 12 y 13 de la Constitución (actitud pasiva en el control de constitucionalidad).


  • Funcionamiento cercano a un "sistema de autorización" 


Aunque formalmente se trate de un sistema de notificación, la discreción policial en los permisos de uso de la vía pública (Artículo 77 de la Ley de Tráfico) es enorme, funcionando en la práctica como un auténtico "sistema de autorización".


Dado que la policía y el poder judicial priorizan el "mantenimiento del orden estatal y administrativo", y los propios ciudadanos se autorregulan pensando que "ocupar la calle o la plaza es una molestia (una infracción legal)", se produce un fenómeno de inversión donde el "derecho a protestar (derecho fundamental)" que debería garantizar la Constitución queda supeditado a la ley administrativa.

Conclusión

Una "pregunta humana" más allá de las leyes

En primer lugar, ¿por qué la "Constitución" está por encima de las "leyes", las cuales los políticos y la administración pueden reescribir a su conveniencia?


Porque la Constitución no es una mera técnica o manual de gobierno, sino la plasmación de los valores fundamentales de la condición humana, erigida sobre la reflexión histórica de los trágicos errores del ser humano y los abusos de poder del pasado.


Establece los criterios éticos y la forma de vida humana sobre "hasta qué punto podemos proteger mutuamente la dignidad y los derechos de los demás como seres humanos" y "cómo vivir como individuos frente al poder".


Al observar los acontecimientos de Madrid, se percibe que en la sociedad española el Artículo 21 de la Constitución no es una simple serie de palabras impresas, sino que funciona como un instrumento vivo para que los ciudadanos afirmen su propia dignidad frente al poder.


Y el poder judicial español (el Tribunal Constitucional) actúa como un dique de contención para proteger esos derechos humanos de la conveniencia administrativa y de las puestas en escena de los políticos.


Cuando chocan las "reglas de gestión administrativa (leyes)" y los "derechos fundamentales sobre cómo vivir como seres humanos (Constitución)", ¿a cuál se le debe dar más peso?


Las tiendas de campaña alineadas en la plaza de Madrid nos plantean una pregunta esencial sobre cómo debemos comportarnos como seres humanos.


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