Vol. 1 Análisis comparativo de la justicia en Japón y España
¿Quién juzga las "irregularidades internas"
En Japón, las noticias sobre acoso, encubrimientos o abusos de poder en la Policía y la Fiscalía ocupan periódicamente los medios de comunicación.
Cada vez que ocurre, se debate la creación de una "comisión de expertos independientes", pero todo suele acabar en una simple "sanción disciplinaria interna" (que a menudo ni se hace pública) y el asunto cae en el olvido sin que se aprecien mejoras concretas. Es una dinámica que muchos ya reconocen.
Hoy me gustaría comparar Japón con España —país donde resido— y analizar las diferencias fundamentales de sus marcos jurídicos a la hora de fiscalizar y poner límites desde el exterior al enorme poder coercitivo que ostentan la Policía y la Fiscalía.
1. La situación en Japón
Un poder gigantesco sometido a su propio autocontrol
Veamos primero la estructura japonesa. Japón se caracteriza por concentrar en una sola institución (la Fiscalía) una de las potestades de investigación y persecución penal más potentes de los países desarrollados, sumada al monopolio absoluto de la acción penal.
Límites estructurales de la investigación interna:
Cuando un policía o un fiscal comete una infracción, los encargados de investigarlo y sancionarlo son, principalmente, los inspectores internos o los propios superiores. Sin embargo, al priorizarse la "imagen" y la "reputación" de la institución, la verdad incómoda tiende a sepultarse bajo el manto del secreto.
Límites de las comisiones independientes:
Las "comisiones de expertos independientes" creadas ante grandes escándalos carecen de facultades de investigación coercitiva respaldadas por ley.
La colaboración es voluntaria; si se destruyen pruebas o se rechaza declarar, no pueden seguir indagando.
Comités de Ciudadanos (Kensatsu Shinsakai):
Aunque integrados por ciudadanos elegidos por sorteo para revisar si la decisión de no procesar es adecuada, no poseen capacidad para recopilar pruebas ni dirigir investigaciones coercitivas sobre el delito.
En definitiva, Japón carece de un órgano jurídico independiente que pueda investigar y sancionar de forma objetiva y coercitiva desde el exterior a la maquinaria estatal de la Policía y la Fiscalía.
2. El sistema en España:
El poder bajo la supervisión directa del Poder Judicial
Por el contrario, en España y otros países europeos, las instituciones se diseñan partiendo de una premisa clara:
"Todo organismo con poder terminará incurriendo en abusos si no se le imponen controles externos superpuestos".
En España no hace falta debatir si se crea una comisión independiente ante una irregularidad policial o fiscal, ya que el propio Poder Judicial tiene potestad para intervenir de forma directa.
Punto 1:
La investigación la dirige un "Juez de Instrucción", no la Fiscalía
La característica principal del procedimiento penal español es que la investigación de los delitos graves la dirige un Juez de Instrucción, no el Fiscal (Fiscal).
El Fiscal es únicamente una de las partes acusadoras, y para ejecutar medidas coercitivas —como detenciones o registros— se requiere siempre una resolución motivada (Auto) del juez.
Si un fiscal o un policía comete un delito (coacciones, cohecho, abuso de autoridad, agresión sexual), la víctima puede denunciarlo directamente ante el juzgado.
El Juez de Instrucción iniciará de inmediato la investigación y dirigirá a unidades policiales especializadas e independientes para investigar o detener al acusado, sin necesidad de dejar el asunto en manos de un "expediente disciplinario interno".
Punto 2
La ciudadanía puede iniciar el proceso a través de la "Acción Popular"
España cuenta con la figura de la Acción Popular (y la Acción Particular), que permite a ciudadanos o asociaciones (ONG, sindicatos) querellarse directamente ante el juzgado sin pasar por la decisión del Fiscal.
Aunque la cúpula policial o fiscal intentara encubrir a uno de los suyos, la querella ciudadana obliga al juez a investigar.
En Madrid es frecuente ver noticias de asociaciones que utilizan este recurso frente a casos de corrupción política o abusos policiales para esclarecer los hechos.
3. ¿Por qué los jueces españoles no encubren a las fuerzas de seguridad?
La sombra del 99,9% de condenas en Japón
Quien conozca el sistema judicial japonés se formulará una duda legítima:
"Aunque el juez tenga mucho poder, si mantiene una relación de complicidad con la Policía o la Fiscalía, ¿no terminará archivando el caso como en Japón?"
Esta pregunta apunta al problema estructural más grave de la justicia penal japonesa.
Aquí radica la diferencia crucial entre ambos sistemas:
La realidad en Japón
Una justicia unificada con un 99,9% de condenas
En Japón, la probabilidad de que un acusado sea declarado culpable tras ser procesado supera el 99,9%.
Una vez acusado, la absolución es prácticamente imposible. (Esto responde a la práctica fiscal de acusar únicamente en casos con éxito garantizado).
Esta cifra refleja una estructura donde el juez asume la infalibilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía, actuando en la práctica de forma mimetizada con el acusador.
Asimismo, se señala que dictar sentencias absolutorias perjudica la carrera profesional del juez, poniendo en duda su verdadera independencia.
La realidad en España:
Jueces independientes y escépticos
Los jueces españoles mantienen una postura de marcada independencia y escepticismo frente a la Policía y la Fiscalía.
Misión de averiguar la verdad:
La función del Juez de Instrucción no es lograr una condena a toda costa, sino reunir pruebas para esclarecer los hechos. Las pruebas obtenidas de forma ilícita o dudosa se descartan sin contemplaciones, provengan de donde provengan.
Tasa de condena razonable (70-80%):
En los juicios penales españoles, la tasa de condena se sitúa en torno al 70-80%. Esto demuestra que un número significativo de acusados resulta absuelto por falta de pruebas tras el juicio.
El órgano de gobierno:
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ):
El CGPJ es un órgano constitucional independiente del Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia) encargado de los nombramientos, ascensos y régimen disciplinario de los jueces.
(※ Nota: Si bien el CGPJ no es un sistema perfecto y sufre una continua controversia por la 'politización de la justicia' debido a la designación de sus vocales por el Parlamento —lo que ha motivado llamadas de atención por parte de la UE—, sigue sirviendo como cortafuegos eficaz para proteger la independencia de los jueces frente al poder ejecutivo del Gobierno).
Conclusión:
La ciudadanía exige una justicia en la que poder confiar
En Japón, los abusos policiales o fiscales tienden a diluirse dentro de un sistema donde juzgadores y acusadores caminan de la mano.
En España, el contrapeso institucional garantiza que, si un funcionario de la ley comete un delito, un juez independiente pueda investigarlo y procesarlo sin injerencias.
Lo que la sociedad demanda no es apelar a la "autorregulación" o "buena voluntad" de los organismos de poder, sino disponer de mecanismos legales para que los ciudadanos podamos acudir directamente a una justicia independiente que detenga los abusos cuando estos se producen.
Por todo ello, como residente en Madrid, percibo a diario que contar con un sistema judicial riguroso que fiscaliza al propio poder es el verdadero pilar que sostiene una sociedad libre, segura y democrática.
(Nota sobre el esquema: Aunque en el gráfico se indica que el CGPJ garantiza la independencia judicial, cabe señalar que en la práctica su composición suscita un intenso debate por la influencia de los partidos políticos en la elección de sus vocales).

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