El megaparque solar en Kamogawa, Chiba, y la evaluación de impacto ambiental
Un proyecto para la construcción de una instalación de energía solar a gran escala (megaparque solar) está en marcha en la ciudad de Kamogawa, prefectura de Chiba, Japón.
El plan consiste en deforestar unos montes con una extensión equivalente a aproximadamente 32 veces el Tokyo Dome (unas 146 hectáreas), talando cerca de 365.000 árboles para instalar paneles solares, lo que ha generado una gran conmoción tanto a nivel local como nacional.
El 21 de septiembre de 2026, las intensas lluvias provocadas por el tifón n.º 25 motivaron la aplicación de la Ley de Auxilio en Desastres en la prefectura de Chiba, e incluso en la ciudad de Kamogawa se emitieron órdenes de evacuación para todo el municipio, reflejando cómo los desastres por lluvias torrenciales se están volviendo cada vez más graves en diversas zonas.
En este contexto, la preocupación de «cómo afectará la tala y el acondicionamiento masivo del terreno forestal a la capacidad de retención de agua aguas abajo y al riesgo de desprendimientos de tierra» se plantea como una cuestión prioritaria que atañe directamente a la seguridad de la comunidad.
¿Por qué resulta tan difícil frenar este tipo de desarrollos que implican una alteración natural a gran escala? Reflexionamos sobre las posibles soluciones partiendo de las deficiencias estructurales del sistema de evaluación de impacto ambiental en Japón y comparándolo con el marco legal europeo y español.
1. 🇯🇵 Desafíos del sistema japonés
Una evaluación sesgada hacia la «capacidad de generación»
En la actual Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Japón, el criterio para la evaluación estatal obligatoria (proyectos de Clase 1) en proyectos solares se fija en una «potencia de 40 megavatios (40.000 kW) o más» (los proyectos de Clase 2 abarcan de 30 MW a menos de 40 MW).
(El Ministerio de Medio Ambiente aprobó una reforma reglamentaria en junio de 2026, con planes de rebajar el umbral de la Clase 1 a 20 MW a partir de abril de 2027).
El proyecto de Kamogawa fijó una potencia por debajo de este umbral legal vigente.
Aquí yace un gran problema del sistema japonés. El régimen actual utiliza principalmente la «potencia de generación» como requisito de escala, sin contar con un mecanismo donde la superficie en sí («cuánto bosque se tala y cuánto terreno se altera») sirva como criterio directo para la evaluación estatal de Clase 1.
Existe una laguna legal por la cual, aun tratándose de un desarrollo forestal masivo, si la potencia está por debajo del umbral, no se clasifica como proyecto de Clase 1 sujeto a la ley.
2. 🇪🇸 El marco legal español
La perspectiva de cuestionar la «escala del uso del suelo y la alteración natural»
Si un proyecto similar que implicara la tala de 146 hectáreas de bosque se solicitara en España, el criterio fundamental de revisión sería radicalmente distinto al de Japón.
Esto se debe a que la Ley de Evaluación Ambiental de España (Ley 21/2013) establece de forma uniforme que los proyectos que impliquen la instalación de parques solares, tala de bosques o cambios en el uso del suelo con una superficie superior a 10 hectáreas están sujetos a evaluación ambiental.
Aquí radica la diferencia decisiva entre los sistemas de Japón y Europa:
🇯🇵 Japón
Mide la escala centrándose en la «potencia eléctrica (MW)» del equipo de generación.
🇪🇸 España
Posee un criterio claro basado en «cuánto terreno, bosque y ecosistema se altera (ha)».
Además, durante el proceso de evaluación, es obligatorio realizar una revisión integral que incluye el impacto en los flujos de agua debido a la alteración topográfica, el riesgo de erosión del suelo (evaluado por organismos como las Confederaciones Hidrográficas) y la consideración de la red de espacios protegidos de la UE (Natura 2000).
La alteración masiva de 146 hectáreas de bosque se convierte, por sí misma, en un objeto de evaluación rigurosa.
3. No es un mero «Vecinos vs. Promotor», sino «un muro legal ante el que la administración también sufre»
Este problema no se limita al esquema de que los residentes locales están alzando la voz en oposición.
Según la información pública de la ciudad de Kamogawa, la autorización para el desarrollo del terreno forestal de este plan fue concedida por la prefectura de Chiba en 2019.
Sin embargo, en enero de 2026, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria revocó la certificación FIT (sistema de tarifas de alimentación) del promotor, cambiando drásticamente las premisas del proyecto.
A pesar de ello, la autoridad legal de la administración para revocar posteriormente un permiso de desarrollo ya otorgado es sumamente limitada, lo que genera una distorsión del sistema por la cual «los trabajos de tala avanzan aun cuando las perspectivas del proyecto son inciertas».
Ante esta situación, la propia prefectura de Chiba ha presentado solicitudes de emergencia al Gobierno central (ministerios competentes) para revisar el sistema de permisos de desarrollo forestal bajo la Ley de Montes, la Ley de Medidas Especiales para Energías Renovables, el enfoque de la evaluación ambiental, así como las regulaciones sobre el reciclaje de paneles y el movimiento de tierras.
La realidad es que los propios municipios y la administración local sufren atrapados entre las grietas de un sistema legal deficiente.
4. Preparación para la «prioridad máxima: el abandono o quiebra a mitad del proyecto»
El «sistema de garantías previas» de las comunidades autónomas en España
En caso de que la rentabilidad del proyecto empeore debido a la pérdida de la certificación FIT y las obras se detengan o abandonen, la mayor preocupación es el riesgo de que la ladera expuesta se deslice por lluvias intensas, provocando desastres por desprendimiento de tierras.
Frente a este «riesgo de abandono», en España se han tomado medidas preventivas concretas a nivel autonómico.
Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, para la implantación de instalaciones solares se ha establecido un mecanismo que exige depositar y actualizar previamente una garantía económica (con un mínimo de 20.000 €/MWp, entre otros) para asegurar el desmantelamiento completo y la restauración del terreno y del entorno al finalizar el proyecto.
De este modo, incluso si el promotor quiebra o se retira a mitad del camino, existe un sistema estructurado para que la administración lleve a cabo una restauración ambiental segura utilizando los fondos depositados con anterioridad.
🇯🇵 Por el contrario, en Japón los mecanismos para garantizar los fondos necesarios para una restauración integral en caso de abandono a mitad de la obra son débiles, dejando el riesgo de que al final se tengan que aportar fondos públicos (impuestos) o que el riesgo de derrumbes se traslade a la comunidad local.
5. Las «4 reformas legislativas» requeridas para la futura política de energías renovables
Lo que debemos exigir no es simplemente «que se detenga el proyecto que tenemos delante». Se trata de cómo reestructurar el propio sistema para que este tipo de problemas no se repita en otras regiones del país.
Como demuestra el hecho de que la propia prefectura de Chiba esté solicitando mejoras al Gobierno central, lo que se necesita justamente ahora es el desarrollo legislativo y el fortalecimiento de las ordenanzas municipales en torno a los siguientes cuatro pilares:
- Incluir la «superficie de alteración forestal» en los criterios de evaluación ambiental
Crear un marco legal que someta automáticamente a evaluación ambiental no solo la capacidad de generación (MW), sino también la tala de bosques o las alteraciones del terreno a gran escala a partir de una cierta dimensión (ej. 10 ha o más).
- Establecer un «sistema de depósito previo (garantía de restauración)» sin depender de impuestos
Obligar por ley y mediante ordenanzas locales a que los promotores depositen garantías económicas suficientes por adelantado, para que, en caso de retirada o quiebra, se pueda restaurar el bosque y las corrientes de agua sin cargar a la comunidad.
- Especificar la «potestad de reevaluación de permisos» ante cambios en las condiciones previas
Otorgar fundamento legal a los gobernadores prefecturales para reevaluar estrictamente o revocar los permisos de desarrollo forestal y planes de prevención de desastres cuando se rompan las premisas o la viabilidad del proyecto, como la pérdida de certificación FIT o la suspensión prolongada de las obras.
- Transición hacia una «evaluación integral» del medio ambiente y la prevención de desastres
Cambiar el enfoque de revisar los bosques, el ciclo del agua, el suelo, los ecosistemas y el riesgo de desprendimientos de forma fragmentada por departamentos, hacia un sistema que los evalúe de manera global y tridimensional como «una única alteración masiva del territorio».
6. La «omisión de acción» de políticos y la administración
Lo más grave de este problema no es solo que el promotor haya actuado de forma desmedida. Es la inacción política: «a pesar de que en todo el país salían a la luz la destrucción masiva de bosques aprovechando las lagunas del sistema y el riesgo de desprendimientos por abandono, los políticos nacionales y locales pospusieron y dejaron desatendidas durante años las reformas legislativas».
Las reformas legales y la elaboración de ordenanzas para abordar situaciones críticas son medidas que, si los políticos y la administración se comprometen de verdad, pueden aprobarse e implementarse perfectamente en cuestión de meses (una sola sesión del Parlamento o de la asamblea ordinaria).
* Ejemplos concretos:
- Gran Terremoto del Este de Japón (2011)
Entre abril y mayo tras el desastre, se aprobaron y entraron en vigor en solo unas semanas a un mes leyes de medidas especiales para apoyar a las víctimas (prohibición de embargo de donaciones, exenciones fiscales, etc.).
- Reformas legales por la pandemia de COVID-19 (2021)
Enmiendas a la Ley de Enfermedades Infecciosas y a la Ley de Medidas Especiales se aprobaron y promulgaron tras pocas semanas de debate.
- Ordenanzas de emergencia municipales
Existen numerosos ejemplos aprobados y puestos en marcha en cuestión de días tras convocar sesiones extraordinarias).
Sin embargo, en la realidad, a pesar de que desde principios de los años 2010 (cuando comenzó el sistema FIT) se venían señalando los problemas de la «evasión de evaluaciones», la «tala forestal» y el «abandono sin operar», las reformas legislativas efectivas (como rebajar la escala de evaluación, incluir criterios de superficie forestal alterada u obligar a depósitos previos) se han ido posponiendo continuamente.
Mientras los políticos dejaban intactos los vacíos legales, en todo el país se han talado cientos de miles de árboles, amenazando la seguridad local y los recursos hídricos.
Lo que los residentes locales deben cuestionar verdaderamente no es solo la postura del promotor, sino «la responsabilidad política de haber dejado desatendida durante más de 10 años una regulación que podría haberse creado en unos pocos meses».
7. Precisamente por ser energía renovable, avanzar hacia un «sistema que proteja la naturaleza y la seguridad»
Esto no se trata de rechazar de plano la energía solar o las energías renovables en su conjunto.
Lo que se cuestiona es un diseño institucional deficiente que permite que, con el pretexto de ser «energía renovable», los proyectos avancen amenazando los ecosistemas forestales, las fuentes de agua y la seguridad local, y que puedan quedar abandonados en caso de quiebra.
Para hacer compatible el impulso de las renovables como medida contra el cambio climático con la conservación del entorno natural, el suelo y las corrientes hídricas locales, es indispensable un rediseño radical de la legislación ambiental japonesa, desplazando el eje desde la obsesión por la capacidad de generación hacia la «protección del territorio, los ecosistemas y el ciclo del agua».
Llamamiento final y conclusión
En las futuras políticas de energía renovable y prevención de desastres locales, lo que debemos exigir va más allá de una simple «oposición al proyecto que tenemos enfrente»:
- Una reforma legal rápida que abarque la «superficie de alteración forestal» (realizable en pocos meses de trabajo legislativo).
- Obligatoriedad de un «sistema de depósito de garantía previo» como prevención ante retiradas o quiebras a mitad de proyecto.
- Especificación de la «potestad de reevaluación del permiso de desarrollo forestal» en caso de colapso de las condiciones previas.
- Eliminación de la «omisión de acción legislativa» por parte de la política y la administración.
Promover las energías renovables es algo completamente distinto a utilizar dicha promoción como fachada para permitir la destrucción ambiental y el desprecio por la seguridad.
Para no imponer más sacrificios ni riesgos a las comunidades locales, debemos exigir con firmeza al gobernador de la prefectura de Chiba, a los miembros de la asamblea prefectural y a los políticos nacionales que «pongan en marcha de inmediato, en cuestión de meses, las reformas legislativas necesarias».
Comentarios
Publicar un comentario